29/1/13

A GOLPE DE BOJA



Tal vez el rasgo más sobresaliente de la actual crisis sistémica sea el progresivo debilitamiento de la socialdemocracia. La fractura de las políticas encaminadas a defender el sector público presenta un perverso efecto de doble vía: no sólo se sitúa en el origen de la crisis, sino que supone una de sus consecuencias más preocupantes.

En Andalucía dos partidos que proclaman su izquierdismo lideran el Gobierno. Es cierto que el tándem Griñán-Valderas no ha adoptado lindezas tales como “el euro por receta” (cuestionado ya por el Tribunal Constitucional), ni clausurado servicios de urgencias que atienden a personas de avanzada edad (pírrica medida de ahorro que los tribunales ordinarios también han paralizado). La Junta de Andalucía, por ejemplo, se ha apresurado a impugnar la Ley de Tasas Judiciales, una norma tal vez necesaria, pero injusta desde el punto de vista moral y plagada de deficiencias técnicas.

Sin embargo, las medidas de consolidación fiscal del Gobierno que preside un socialista,  y que comanda un comunista, están cebándose con los empleados públicos andaluces. Es decir, con los médicos, enfermeros, maestros, profesores, administrativos, auxiliares y conserjes que trabajan en el llamado “sector público andaluz”.

Estos profesionales, en junio de 2012, ya sufrieron una merma considerable en sus retribuciones salariales. A partir de 1 de enero del recién estrenado 2013, sus nóminas se verán nuevamente decrecidas como consecuencia de una ley publicada en el BOJA a principios de octubre pasado. Una ley de la que nadie había oído hablar. Ni siquiera las organizaciones sindicales, a juzgar por su silencio.

La detracción salarial, en algunos casos, alcanza el 5% de toda la masa salarial en cómputo anual. Una barbaridad que se suma a las minoraciones implacables que a los empleados públicos de la Nación, sin excepción, empezó a aplicar el (olvidado) Zapatero y continuó Rajoy (el olvidadizo: nuestro Presidente, ahora, no parece conocer de nada a Bárcenas, el de los sobres llenos de dinero negro según ha difundido la prensa planetaria.)

Soy funcionario. Soy trabajador. Entre ambos roles no hay ninguna diferencia desde el punto de vista cualitativo. Y aunque la propaganda, la mezquindad y la ignorancia se empeñen a hacerles creer a ustedes lo contrario, tampoco hay diferencia alguna desde el punto de vista cuantitativo. Sin mi sueldo no podría pagar la hipoteca, ni el recibo de la luz. No podría alimentarme, ni beber agua potable, a menos que me fiaran los dueños de los bares. Tampoco podría pagar impuestos, dicho sea de paso. 

¿Me entienden? No soy ningún criminal por el hecho de vivir gracias a un presupuesto público que retribuye mi quehacer profesional. Es más: creo que si caemos los empleados públicos, caerá todo el sistema. Usted irá a solicitar cita a su médico de cabecera habitual, por ejemplo, y hallará cerrada la ventanilla y el mostrador vacío. Para siempre.  

Había que redimensionar el gasto público, pero no volverlo raquítico. Había que exigir sacrificios, pero no pueden cargarse sobre las espaldas de los mismos. Este, precisamente, ha sido –y es- el craso error de las políticas llamadas de izquierda: descuidar el sector público. Me atrevo a decir que casi todos hemos cometido ese desliz lamentable. 


       


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