DISTINTA ORIENTACIÓN, IGUALES DERECHOS

El Tribunal Constitucional, por mayoría de votos de los magistrados que lo componen, ha rechazado el recurso de inconstitucionalidad que el PP, hace siete años, interpuso contra la ley de reforma del Código Civil impulsada por el Gobierno del (olvidado) Zapatero para permitir la celebración de matrimonios entre personas de igual sexo. 

Se trataba de una norma pionera si la comparamos con las legislaciones vigentes en los países de nuestro entorno. Pese a todo recibió las más ácidas críticas de la jerarquía de la iglesia católica y los sectores más recalcitrantes de la sociedad española. Además el PP se ha comprometido a no utilizar su mayoría absoluta en el Congreso para derogar la reforma, lo que implica acatar la sentencia en el sentido más acabado del término.

Celebro ambas cosas. De un lado, el órgano encargado de interpretar la Constitución ha dictado la única resolución que parecía posible ateniéndonos a la doctrina anterior a este pronunciamiento: la tutela de la dignidad de la persona y la igualdad en el ejercicio de los derechos civiles, con independencia de la orientación sexual, son pilares esenciales no ya de nuestro ordenamiento constitucional, sino de los derechos humanos.

De otra parte, el hecho de que el partido en el Gobierno abandone posiciones maximalistas, pensadas en su día para mantener los apoyos envenenados de los grupos más ultras, supone adecuarse a una realidad social palpable –lo mínimo que debe exigirse a un político-, pero también no abrir otro innecesario frente de confrontación en un contexto de crisis galopante que exige centrar las energías en menesteres más acuciantes, sobre todo cuando la Unión Europea ha desmentido las previsiones económicas que hace apenas unas semanas proclamaba el ministro Montoro.

El matrimonio está tan en boga como los divorcios. Ignoro cuántas de las más de veintidós mil parejas del mismo sexo que contrajeron matrimonio al amparo de la reforma decidieron, más tarde, poner fin a la unión. Lo que resulta indiscutible es que no eran ni peras ni manzanas, como afirmaba la señora Botella, sino individuos adultos que reclamaban con legitimidad disponer del suficiente margen de actuación legal para decidir sobre sus uniones sentimentales como mejor les placía 

Un Estado moderno, democrático y responsable ha de garantizar ese espacio irrenunciable de libertad. La sentencia del Tribunal Constitucional refrenda esta tesis. Y si el PP deja intacta la legislación tal y como está, según han anunciado sus dirigentes, habrá dado un paso decisivo y valiente hacia su propia modernización. Volver a mezclar cuestiones de puro orden civil con creencias religiosas equivale a incurrir en un craso error. Mezclarlas para que las segundas se impongan a las primeras, quiero decir.

Idéntico planteamiento debería regir en una materia aún más sensible: el aborto. Pues a la mujer le asiste el derecho de interrumpir voluntariamente la gestación dentro de unos plazos avalados por la ciencia médica. 

Aquí el partido en el Gobierno podría hacer gala del mismo bien hacer y repensarse si es prudente retroceder a la legislación vigente hace varias décadas. Porque la vida, como el matrimonio, no se preserva imponiendo o prohibiendo nada. Su defensa genuina pasa por el respeto a las decisiones personales en el marco de una ley razonable.