5/7/12

INSEGURIDAD JURÍDICA


La policía francesa sospecha que las campañas electorales del expresidente francés, Nicolás Sarkozy, se han financiado ilegalmente y ha procedido a efectuar un registro en su domicilio particular, no importa que haya ocupado el más alto cargo en Francia durante los últimos años.

En el Reino Unido, cuna del mercantilismo moderno, recaen serias sospechas de que las entidades financieras han conspirado para falsear el euribor, índice de referencia de las hipotecas, como todo el mundo sabe, y el presidente inglés Cameron ordena una investigación a fondo.

Es creciente mi escepticismo con respecto a las democracias occidentales. Pero no dejo de reconocer que la determinación de las instituciones francesas y británicas contrasta con la observada por las españolas ante los escándalos de Bankia, Bancaja o Caixa Galicia. Aquí la pestilencia tuvo que alcanzar el límite de lo insoportable para que la Fiscalía General del Estado decidiese incoar diligencias. 

Y aun así, nadie toma medidas cautelares urgentes, no veo arrestos, ingresos en prisión, nadie lanza un diáfano mensaje de tranquilidad a la ciudadanía para hacerle sentirse segura y confiada en que desfalcos, estafas y quiebras fraudulentas van a ser perseguidas sin descanso. De hecho, las primeras imputaciones a los gestores de Bankia no proceden de la acción del Ministerio Fiscal, sino de la querella presentada por UPyD, un partido político con escasa implantación en el Parlamento.

Esta falta de confianza en que el malhechor debe temer a la justicia rompe el Estado de Derecho porque ataca al corazón de uno de sus cimientos, la seguridad jurídica, que está consagrada en la Constitución y que es otra de las claves de bóveda sobre la que se alza la arquitectura de una democracia contemporánea.

Se llega a esta situación peligrosa cuando los propios gobernantes conculcan derivaciones elementales de dicho principio de seguridad jurídica. ¿Ejemplos? El actual gobierno andaluz (¿de izquierdas?) aplica desde este mes de julio, pero con efectos materiales desde el 1 de enero, suculentos descuentos salariales a los empleados públicos de la Junta de Andalucía. Se trata de una aberración que vulnera gravemente la prohibición taxativa de que las disposiciones administrativas restrictivas de derechos tengan carácter retroactivo, norma también consagrada literalmente en el artículo 9 de la Constitución.

Es fácil cerrar el círculo con una conclusión: el mantra de contener el déficit, la idolatría de la austeridad como única solución real para dejar atrás esta crisis tan profunda, impuesta por la luterana Merkel con ánimo vindicativo y en interés de los bancos alemanes, está llevándose por delante valores elementales de convivencia que la democracias liberales de la primera hora, surgidas precisamente para limitar el poder absoluto de las añejas monarquías absolutistas, implantaron a la fuerza -es decir, cortando cabezas de reyes y sátrapas palaciegos- con el fin de proporcionar cobertura jurídica al capitalismo y a la pujante clase burguesa que lo sustentaba. 

Marx, cuya filosofía es cada vez más políticamente correcta, lo advirtió: el capitalismo es tan desquiciado y desquiciante, tan insaciable, que acaba devorándose a sí mismo. Tal cual. 

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