UNA HERIDA EN LA CORONA

La crisis y la campaña electoral estaban eclipsando un asunto cuya gravedad cada vez crece más. Iñaki Urdargarín, esposo de la infanta Cristina, se ha visto envuelto en un caso de malversación de fondos públicos, fraude fiscal, falsedad documental y prevaricación, delitos todos ellos relacionados con su gestión al frente del Instituto Nóos entre los años 2004 y 2006. 

Nóos es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1999 que hasta 2004, año en que Urdangarín tomó posesión del cargo de administrador, apenas había demostrado actividad. Pero a partir de entonces obtiene de los gobiernos autonómicos de Baleares y Valencia, gobernados por el PP, sendas concesiones para organizar eventos deportivos y turísticos.

Las operaciones delictivas investigadas se resumen así: Nóos recibía el dinero público y una parte lo blanqueaba simulando la contratación de servicios con otras entidades controladas por Urdargarín y su socio Diego Torres, ya imputado por el juez que investiga la trama. Esas otras entidades, algunas con conexiones en paraísos fiscales de El Caribe, emitían facturas contra Nóos por los servicios (ficticios) prestados. De este modo, el dinero público recibido nunca salía del radio de acción de Nóos. Por cierto, el tesorero de Nóos en 2006 era un empleado de estricta confianza de la Casa Real. El sumario ha recibido un nombre bíblico, “Babel”, y se me ocurre pensar que será debido a la envergadura de sus ramificaciones

El asunto se destapa en el curso de otra investigación por corrupción, la operación “Palma Arena”, consistente en la adjudicación fraudulenta de una obra pública casi faraónica realizada cuando el popular Jaume Matas, que aparece imputado, presidía el gobierno de Baleares. Pero ha sido tal su extensión y tiene tanto peso la identidad de uno de sus implicados, que el juez instructor se ha visto obligado a abrir un procedimiento específico (en el argot legal, “pieza separada”).

Estos son tiempos tristes. También para la Corona, tal vez el último símbolo de la Transición que en el imaginario popular quedaba a salvo de escándalos financieros, corrupciones y avaricias. Porque es cierto que las investigaciones no se dirigen contra ningún miembro de la realeza, pero afectan de lleno a uno de los miembros de la familia real, que, según las informaciones que vamos conociendo, pronto deberá comparecer ante el juez en calidad de imputado.

¿Qué tendrá el dinero, que no respeta ni al limpio color azul de una de las últimas estirpes de reyes existentes en la vieja y confusa Europa? ¿Qué tendrá cuando aquellos a quienes les sobra no se contentan y quieren más, más y más? ¿Qué maridaje perverso se germina cuando dinero, poder e influencia se dan la mano? ¿Qué consecuencias traerá para la estabilidad de la familia real el que un yerno sea imputado por actividades delictivas tan graves, justo cuando una crisis económica que no toca fondo está golpeando a millones de ciudadanos?

No soy adivino. Respeto la presunción de inocencia por convicción y por mi formación de jurista. Y hago votos por un pronto esclarecimiento de los hechos y por la depuración completa de responsabilidades. Pero, dios, qué podrido está el sistema.