Era cuestión de tiempo que la crisis sistémica en que estamos inmersos afectara a la Constitución. La modificación de nuestra ley fundamental tiene profundo calado y muchas perspectivas de análisis.
Primero. Hay que decirlo sin rodeos: se asesta un duro golpe al paradigma macroeconómico de Keynes, el economista inglés a quien debemos la receta para superar las horribles consecuencias del crack de 1929, tan parecido a la crisis financiera de nuestros días. Keynes no era hombre de izquierdas, sus postulados no rompen el corsé capitalista, pero se basaban en un hecho científico, más actual que nunca: el libérrimo juego de la oferta y la demanda -piedra de bóveda del sistema capitalista que a su vez genera la apropiación, explotación y agotamiento de los factores productivos, sean personas o recursos naturales-, conduce a resultados catastróficos para la mayoría de la población.
Por tanto, debe mediar un agente revestido de soberanía económica, el Estado, a quien se encarga la corrección de los desequilibrios estructurales de un modelo de convivencia que incentiva el egoísmo y que, por tanto, reparte injustamente la riqueza finita del planeta. Las tesis de Keynes estuvieron vigentes hasta que Reagan y Thatcher (y luego Blair y Aznar) abrazaron el modelo ultraliberal surgido de la Escuela de Chicago, con el premio Nóbel de Economía Milton Friedman a la cabeza.
Con Keynes, el Estado garantiza prestaciones esenciales (salud, educación, pensiones, obra pública, orden en las calles) que de otro modo no existirían. Pero debe financiarse para cubrirlos. Como la fiscalidad debe limitarse –so pena de perpetrar confiscación de la propiedad privada, derecho básico sobre el que gravita todo el sistema-, el Estado recurre a la emisión de Deuda Pública, esto es, pide crédito a los particulares y a otros Estados.
La reforma constitucional pone tope a este instrumento de financiación estatal y prioriza absolutamente el pago de la deuda acumulada. En consecuencia lógica, el Estado dispondrá de menos recursos para financiar prestaciones y servicios públicos. Puede subir los impuestos, pero corre el riesgo de frenar el consumo y la inversión incumpliendo la regla máxima del capitalismo: crecer, tragar y acumular.
Segundo. La reforma propicia una función pedagógica esencial dirigida a nuestros representantes públicos: no pueden malgastar finanzas. Deben ser cautelosos a la hora de elaborar los presupuestos. O el mercado internacional de deuda pública nos asfixiará. Así que, entre otras cosas, absténgase de obras faraónicas inútiles. Se impone la sobriedad.
Tercero. La reforma constitucional es un símbolo del duro momento de transición que vivimos. De una parte el capitalismo extremo, una vez más en la historia, ha demostrado ser un animal que lleva dentro el embrión de la voracidad, la egolatría y la desigualdad. De otra parte la alternativa keynesiana se ha modulado hasta hacerse irreconocible por efecto de la anemia que está debilitando al ideario socialdemócrata.
¿Hacia dónde vamos, entonces? Niño Becerra opina que el binomio crédito barato-dinero fácil jamás volverá, y que lo peor está por llegar: más desempleo, más tensiones xenófobas en un cuerpo social asustado y reforma estructural del poder político. Nada volverá a ser como antes. Hay que relegar las ilusiones y vivir con lo necesario. Debemos ocuparnos de administrar la escasez. ¿Escasez para quién?, me pregunto.
Primero. Hay que decirlo sin rodeos: se asesta un duro golpe al paradigma macroeconómico de Keynes, el economista inglés a quien debemos la receta para superar las horribles consecuencias del crack de 1929, tan parecido a la crisis financiera de nuestros días. Keynes no era hombre de izquierdas, sus postulados no rompen el corsé capitalista, pero se basaban en un hecho científico, más actual que nunca: el libérrimo juego de la oferta y la demanda -piedra de bóveda del sistema capitalista que a su vez genera la apropiación, explotación y agotamiento de los factores productivos, sean personas o recursos naturales-, conduce a resultados catastróficos para la mayoría de la población.
Por tanto, debe mediar un agente revestido de soberanía económica, el Estado, a quien se encarga la corrección de los desequilibrios estructurales de un modelo de convivencia que incentiva el egoísmo y que, por tanto, reparte injustamente la riqueza finita del planeta. Las tesis de Keynes estuvieron vigentes hasta que Reagan y Thatcher (y luego Blair y Aznar) abrazaron el modelo ultraliberal surgido de la Escuela de Chicago, con el premio Nóbel de Economía Milton Friedman a la cabeza.
Con Keynes, el Estado garantiza prestaciones esenciales (salud, educación, pensiones, obra pública, orden en las calles) que de otro modo no existirían. Pero debe financiarse para cubrirlos. Como la fiscalidad debe limitarse –so pena de perpetrar confiscación de la propiedad privada, derecho básico sobre el que gravita todo el sistema-, el Estado recurre a la emisión de Deuda Pública, esto es, pide crédito a los particulares y a otros Estados.
La reforma constitucional pone tope a este instrumento de financiación estatal y prioriza absolutamente el pago de la deuda acumulada. En consecuencia lógica, el Estado dispondrá de menos recursos para financiar prestaciones y servicios públicos. Puede subir los impuestos, pero corre el riesgo de frenar el consumo y la inversión incumpliendo la regla máxima del capitalismo: crecer, tragar y acumular.
Segundo. La reforma propicia una función pedagógica esencial dirigida a nuestros representantes públicos: no pueden malgastar finanzas. Deben ser cautelosos a la hora de elaborar los presupuestos. O el mercado internacional de deuda pública nos asfixiará. Así que, entre otras cosas, absténgase de obras faraónicas inútiles. Se impone la sobriedad.
Tercero. La reforma constitucional es un símbolo del duro momento de transición que vivimos. De una parte el capitalismo extremo, una vez más en la historia, ha demostrado ser un animal que lleva dentro el embrión de la voracidad, la egolatría y la desigualdad. De otra parte la alternativa keynesiana se ha modulado hasta hacerse irreconocible por efecto de la anemia que está debilitando al ideario socialdemócrata.
¿Hacia dónde vamos, entonces? Niño Becerra opina que el binomio crédito barato-dinero fácil jamás volverá, y que lo peor está por llegar: más desempleo, más tensiones xenófobas en un cuerpo social asustado y reforma estructural del poder político. Nada volverá a ser como antes. Hay que relegar las ilusiones y vivir con lo necesario. Debemos ocuparnos de administrar la escasez. ¿Escasez para quién?, me pregunto.
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