OJITO CON ELLA

El juez Castro ha imputado a la Infanta Cristina por cooperación necesaria –figura similar a la del autor directo-, o cuanto menos por cómplice, en los graves delitos supuestamente cometidos por su esposo, señor Urdangarín, y el socio de éste, señor Torres, al frente del entramado de asociaciones, fundaciones y empresas que actuaban en el entorno del Instituto Noós con el fin de obtener un trato privilegiado y generoso por parte de las Administraciones Públicas de Baleares y Valencia –incluido, en este último caso, el Ayuntamiento de la capital-, todas gobernadas por el PP.

El juez deja claro que, por el momento, no hay razones para pensar que la Infanta participara personalmente en la ilícita actividad defraudadora. Pero con igual convicción afirma que concurren indicios de que prestó consentimiento a que su parentesco con el Rey fuese utilizado por su marido y su socio, a fin de obtener dicho trato de privilegio.

Muchos tenían dudas de que el juez Castro adoptara una decisión de este calibre. Pero en su resolución invoca un principio elemental: nadie está por encima de la ley. Argumenta además –con toda razón- que en supuestos parecidos a del caso Noós, constituye práctica forense habitual y acertada recibir declaración del cónyuge o pareja del principal imputado, no sólo para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, también porque en nuestro ordenamiento procesal penal, uno de los más garantistas que existen, es el único medio de preservar los derechos constitucionales de quien se sospecha que ha podido intervenir en una trama delictiva.

Aventuro que la imputación, precisamente por ser razonada, resistirá el Recurso de Apelación anunciado con toda premura por el fiscal, cuyo parecer es contrario al del magistrado instructor. Una imputación de esta naturaleza sólo podría revocarse por el tribunal superior si se hubiera fundamentado en indicios muy débiles o groseramente injustificados. Y me temo que no es el caso.

Con todo, hay otra lectura más inquietante de esta noticia sin precedentes: ¿qué ha sucedido en la piel de toro para que casi nadie se salve de los escándalos de corrupción? ERES vergonzosos en la Andalucía socialista, Bárcenas yéndose a esquiar a destinos de lujo y haciendo cortes de manga a su regreso mientras otro juez averigua la dudosa procedencia de su fortuna, las conexiones de su gris ejecutoria con la financiación del PP y el patrimonio personal de sus dirigentes, la estafa descomunal en que se había asentado el sistema financiero, etcétera, etcétera, y, ahora, la implicación de un miembro destacado de la Casa Real en delitos contra la hacienda pública, patentizan que hace falta con urgencia una transformación radical de nuestra democracia. Una limpieza a fondo que nos alcanza a todos.

El juez Castro ha dado un paso al frente actuando con el único instrumento que hemos puesto en sus manos: la ley y su trabajo. Es posible que su decisión sea anulada, pero nadie puede dudar de su valentía en una sociedad deprimida y desnortada que necesita creer que la impunidad no recoge recompensas. La justicia dispone de pocos medios, pero es independiente y, cuando toca, sabe pensar y esforzarse por estar a la altura de su tiempo. Así que ojito con ella.