BANKIA

La crisis, en España, necesitaba un logo, una etiqueta. Un sistema económico que, durante la bonanza, hizo de las marcas comerciales poderosas señas de identidad, también necesitaba ahora, al borde de la penuria y del descrédito, su símbolo ceremonial y funerario. Su imagen plus-cuam-perfecta. 

No podía ser de otro modo. El sufrimiento social -que es la suma de infinitos sufrimientos personales por culpa directa de una estructura social injusta- resulta tan anónimo como el capital, pero es mil millones de veces más débil.

Y la fragilidad está reñida con este sistema ampuloso que se basa en la ficción de prometer un mundo feliz sin esfuerzo, sin auténtica toma de conciencia y sin reparto equitativo de los sacrificios.

Así que los cinco millones de parados, o uno entre ellos seleccionado rigurosamente por los expertos de marketing, en absoluto podían aprovecharse como reclamo impactante del oscuro pozo sin fondo por el que nos hemos precipitado. El sistema es tan esquizoide, tan vírico, que acaba devorando a sus huéspedes, a sus vástagos. En el célebre cuadro de Goya, el mítico Saturno representa al monstruo que enloquece por insaciable y tritura a su hijo, es decir, a su propia supervivencia.

Bankia: he aquí el logo fantasmagórico de una profundísima crisis cultural a la que asistimos, atónitos e indignados, en tiempo real. Tan real como para hacernos creer, crudamente, que Bankia somos todos y que si se hunde, todos nos ahogaremos. Ahogados ya estamos. No hacía falta que Bankia estallara en mil pedazos poniendo al descubierto la obscenidad de sus gestores y de los intereses políticos que han nutrido la debacle.

Obscenidad. Cierto. Esta es la palabra. <Impunidad> también podría ser un vocablo eficaz para describir lo que está ocurriendo. Pero me quedo con obscenidad. Es más totalizadora. Más -sarcasmos aparte- global. Porque todo lo impune es, por definición, obsceno, hediondo.

¿Hay que salvar Bankia? Sea. Pero la maquinaria judicial, por muy escasa de medios que esté, debe ponerse en marcha con urgencia para depurar responsabilidades no ya administrativas o mercantiles, sino penales. La separación de poderes, clave de bóveda de la democracia, no sirve para nada si el garante de la ley se va de vacaciones a Puerto Banús, con todos los gastos pagados, mientras el país se despeña.

Al Juzgado de Guardia no pueden conducirse esposados únicamente los que roban gallinas o insultan al vecino. Los cerebros inteligentes que han gestado este desastre también deben sentir el peso del Código Penal. Esta compilación de delitos y faltas contiene 639 artículos. ¿Acaso ninguno de ellos sirve juzgar semejante escándalo? Si así fuera, si este déficit legal también aflorara en la crisis, España, sin remedio, sería una nación de tercera. ¿Lo somos?