La policía francesa sospecha que las campañas electorales del expresidente
francés, Nicolás Sarkozy, se han financiado ilegalmente y ha procedido a
efectuar un registro en su domicilio particular, no importa que haya ocupado el
más alto cargo en Francia durante los últimos años.
En el Reino Unido, cuna del mercantilismo moderno, recaen serias sospechas de que las entidades financieras han conspirado para falsear el euribor, índice de referencia de las hipotecas, como todo el mundo sabe, y el presidente inglés Cameron ordena una investigación a fondo.
En el Reino Unido, cuna del mercantilismo moderno, recaen serias sospechas de que las entidades financieras han conspirado para falsear el euribor, índice de referencia de las hipotecas, como todo el mundo sabe, y el presidente inglés Cameron ordena una investigación a fondo.
Es creciente mi escepticismo con respecto a las democracias occidentales.
Pero no dejo de reconocer que la determinación de las instituciones francesas y
británicas contrasta con la observada por las españolas ante los escándalos de
Bankia, Bancaja o Caixa Galicia. Aquí la pestilencia tuvo que alcanzar el
límite de lo insoportable para que la Fiscalía General del Estado decidiese incoar diligencias.
Y aun
así, nadie toma medidas cautelares urgentes, no veo arrestos, ingresos en prisión, nadie
lanza un diáfano mensaje de tranquilidad a la ciudadanía para hacerle sentirse
segura y confiada en que desfalcos, estafas y quiebras fraudulentas van a ser
perseguidas sin descanso. De hecho, las primeras imputaciones a los gestores de
Bankia no proceden de la acción del Ministerio Fiscal, sino de la querella
presentada por UPyD, un partido político con escasa implantación en el
Parlamento.
Esta falta de confianza en que el malhechor debe temer a la justicia rompe
el Estado de Derecho porque ataca al corazón de uno de sus cimientos, la
seguridad jurídica, que está consagrada en la Constitución y que es otra de las claves de bóveda sobre la
que se alza la arquitectura de una democracia contemporánea.
Se llega a esta situación peligrosa cuando los propios gobernantes
conculcan derivaciones elementales de dicho principio de seguridad jurídica.
¿Ejemplos? El actual gobierno andaluz (¿de izquierdas?) aplica desde este mes
de julio, pero con efectos materiales desde el 1 de enero, suculentos descuentos
salariales a los empleados públicos de la Junta de Andalucía. Se trata de una aberración que
vulnera gravemente la prohibición taxativa de que las disposiciones
administrativas restrictivas de derechos tengan carácter retroactivo, norma también
consagrada literalmente en el artículo 9 de la
Constitución.
Es fácil cerrar el círculo con una conclusión: el mantra de contener el
déficit, la idolatría de la austeridad como única solución real para dejar
atrás esta crisis tan profunda, impuesta por la luterana Merkel con ánimo
vindicativo y en interés de los bancos alemanes, está llevándose por delante valores
elementales de convivencia que la democracias liberales de la primera hora,
surgidas precisamente para limitar el poder absoluto de las añejas monarquías
absolutistas, implantaron a la fuerza -es decir, cortando cabezas de reyes y
sátrapas palaciegos- con el fin de proporcionar cobertura jurídica al
capitalismo y a la pujante clase burguesa que lo sustentaba.
Marx, cuya
filosofía es cada vez más políticamente correcta, lo advirtió: el capitalismo
es tan desquiciado y desquiciante, tan insaciable, que acaba devorándose a sí
mismo. Tal cual.
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